Hoy, en el Día Internacional de la Educación, impulsado este año con el lema “Invertir en las personas, priorizar la educación”, es necesario hacer un balance sobre lo que nos dejó el año 2022. Para millones de alumnos peruanos, significó el regreso a la presencialidad y por eso mismo puede servirnos como termómetro del estado actual de la educación en nuestro país.
Comencemos por lo positivo. El Plan de Cierre de Brecha Digital, que contempla la implementación de infraestructura tecnológica, recursos digitales y acciones formativas en escenarios de pobreza, fue al fin aprobado en octubre pasado. La brecha digital es una de las más graves del sector, por lo que se trata de una medida que veníamos esperando.
El 2022 también fue escenario de una batalla por el derecho a la educación intercultural, luego de que se eliminaran requisitos claves para la postulación a plazas de profesores y directores en escuelas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB): el dominio de la lengua originaria, la formación en educación intercultural y el conocimiento de la cultura local. Afortunadamente, las protestas del Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo y las principales organizaciones de pueblos andinos y amazónicos lograron que el Minedu diera marcha atrás.
Pero no todas fueron buenas noticias. La plataforma SíseVe reportó cerca de 2500 denuncias de acoso entre estudiantes, la cifra más alta en sus nueve años de funcionamiento. Para manejar estos casos, desde 2011 existe una ley –y, desde 2012, también su reglamento–; sin embargo, aquel mismo dicta que las medidas correctivas deben ser establecidas por cada colegio. Es decir: no existen lineamientos nacionales que indiquen cómo proceder.
Si hablamos de infraestructura, el panorama tampoco es favorable. A comienzos del año en curso, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) anunció que se destinarían S/ 150 millones para la ejecución del Programa de Mantenimiento Complementario de Locales Educativos, con lo que se espera garantizar mejoras en 17 mil instituciones educativas. Sin embargo, actualmente, la brecha de infraestructura escolar asciende a S/ 138 mil millones.
¿Qué hacer, entonces? ¿Hacia dónde orientar los esfuerzos? El reto mayor es conseguir la reinserción de todo nuestro alumnado. Antes de la pandemia, la población escolar matriculada era de 8,2 millones. Hoy, tras el regreso de las clases presenciales, solo alcanza los 6,8 millones.
También es urgente realizar un estudio sobre los cambios psicológicos y emocionales en los alumnos después de la pandemia. Además, como sugiere la Defensoría del Pueblo, lo más adecuado sería que el MINEDU, en coordinación con el MINSA, elabore lineamientos que garanticen la atención a la salud mental de nuestros estudiantes.
De igual forma, ya es tiempo de evaluar y reestructurar el PRONIED. De poco sirve que se anuncien presupuestos, si cada año la brecha de infraestructura no deja de ensancharse. Nuestro sistema educativo está en emergencia. Postergar las acciones necesarias podría perjudicar el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes de forma inconmensurable. Hagamos lo correcto y hagámoslo ya.