“El debate debería haber exigido algo distinto: no más propuestas, sino compromisos verificables”.
Es justo reconocer un avance: la educación ha logrado posicionarse como un tema prioritario en el reciente debate presidencial. En un contexto donde otras urgencias suelen desplazarla, corresponde saludar el esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones por incorporarla en la agenda electoral. No es un detalle menor: es una señal de que, al menos en el plano discursivo, existe conciencia de su importancia.
Sin embargo, reconocer el avance no implica dejar de señalar sus límites.El problema educativo en el Perú ya no es de diagnóstico ni de propuestas; es, sobre todo, de ejecución. Y es precisamente ahí donde el debate ha quedado corto.Conviene reconocer que sí han aparecido algunas propuestas relevantes: ampliar la infraestructura educativa y la cobertura, fortalecer los sistemas de becas, simplificar la gestión del sector, reforzar la institucionalidad, así como sostener y fortalecer la Sunedu como garante de calidad en la educación superior. A ello se suma una deuda largamente postergada: cerrar las brechas de la educación rural, donde persisten desigualdades críticas en acceso, conectividad y condiciones de enseñanza. Son piezas necesarias, pero aún insuficientes si no se articulan en una estrategia coherente.
El país no parte de cero. En las últimas décadas, se han impulsado reformas relevantes y se ha avanzado en cobertura y en la instalación de ciertos estándares. Sin embargo, los resultados siguen mostrando una realidad incómoda: la mayoría de estudiantes no alcanza aprendizajes básicos, y la educación superior, técnica y universitaria continúa desconectada de oportunidades reales.
A este escenario se suma un tema tratado con ligereza: el financiamiento. El Perú ya destina alrededor del 5% del PBI a educación, una cifra cercana al promedio de países de la OCDE. Plantear incrementos hacia el 6% puede ser razonable; prometer llegar al 8% sin sustento fiscal ni garantías de calidad no lo es. Porque el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se invierte. Sin eficiencia, sin foco en resultados y sin mecanismos de rendición de cuentas, más recursos no garantizan mejores aprendizajes. El desafío es asegurar que cada sol invertido tenga impacto real en el aula, en la trayectoria de los estudiantes y en sus oportunidades futuras.
Frente a ello, el debate debería haber exigido algo distinto: no más propuestas, sino compromisos verificables. ¿Cuánto se va a mejorar en lectura o matemática? ¿Con qué estrategias concretas? ¿Qué decisiones se tomarán si no se cumplen las metas? Estas preguntas, centrales en cualquier política pública seria, han estado prácticamente ausentes.
Lo mismo ocurre con los docentes. Reducir la discusión a incrementos salariales sin sostenibilidad termina siendo engañoso. La revalorización docente implica mucho más: formación inicial de calidad, evaluación meritocrática, acompañamiento pedagógico y mejores condiciones, especialmente en contextos rurales. En educación superior, el riesgo es retroceder. No podemos volver a un escenario de universidades de papel, sin sustento técnico, sin presupuesto adecuado y sin pertinencia frente a las necesidades del país. Defender estándares no es una opción ideológica; es una obligación con los estudiantes y con el desarrollo del país.
La educación técnica, en tanto, sigue siendo marginal. Mientras el mercado laboral demanda habilidades concretas, miles de jóvenes egresan sin posibilidades de inserción formal. A ello se suma el desafío de quienes ni estudian ni trabajan, reflejo de un sistema que no logra ofrecer trayectorias claras ni oportunidades reales.Finalmente, la gobernanza. La descentralización educativa sigue enfrentando limitaciones, con regiones de baja capacidad técnica y débil articulación con el nivel nacional. Sin resolver estos nudos, las políticas seguirán diluyéndose en la implementación. A ello se suma un punto clave: fortalecer la autonomía de las escuelas, con liderazgo directivo y márgenes reales de decisión, es indispensable para que las mejoras lleguen efectivamente al aula.
Lo que hemos visto es la dificultad de la política para asumir reformas que no rinden en el corto plazo. La educación exige tiempo, consistencia y decisiones difíciles.La educación ya está en el debate, pero aún no está en las decisiones.Y eso, más que una omisión, es una señal.