Cuando evaluamos los programas e intervenciones del sector privado y público dirigidos a las mujeres, a menudo surgen preguntas sobre la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Las causas de esta inequidad han sido exhaustivamente estudiadas y están relacionadas con factores estructurales, como la distribución desigual de las tareas de cuidado, las dinámicas de poder que someten a las mujeres a situaciones de violencia, la mayor probabilidad de abandono en programas educativos y, como resultado, el menor desarrollo de capacidades para acceder a oportunidades laborales, entre otros.
Además, otras condiciones, más allá del hecho de ser mujer, incrementan la vulnerabilidad y amplían las brechas existentes. Por ejemplo, la tasa de deserción escolar en el nivel secundario es superior para las adolescentes en comparación con sus compañeros varones.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021 la tasa de deserción en áreas urbanas fue del 6.6% para las mujeres y del 5.6% para los hombres; en zonas rurales, la tasa fue más alta para ambos géneros, con una diferencia más marcada en las mujeres. Asimismo, el acceso de las adolescentes con discapacidad a la educación secundaria es extremadamente limitado. En 2021, solo el 12.5% de los adolescentes con discapacidad asistían a la educación secundaria, en comparación con el 65.8% de los adolescentes sin discapacidad.
Aunque persisten diferencias significativas en la posesión de activos entre hombres y mujeres debido a estereotipos y percepciones sobre los costos e idoneidad de ciertos trabajos, la situación es aún más restrictiva para las mujeres de comunidades indígenas. El Informe de Brechas de Género del Banco Mundial de 2022 revela que solo el 29% de las mujeres en edad laboral poseen activos productivos, frente al 41% de los hombres. En comparación, el Informe de Situación de Pueblos Indígenas en Perú del 2023 indica que solo el 22% de las mujeres indígenas tienen acceso directo a créditos o asistencia financiera, mientras que el 35% de las mujeres no indígenas tienen acceso a estos recursos.
Para abordar la inclusión de mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, es fundamental contar con información detallada sobre las condiciones que las colocan en esta situación. Entender estos factores puede ayudar a fortalecer sus capacidades para enfrentar y revertir estas circunstancias, facilitando su inclusión
en el ámbito laboral.
En este contexto, es esencial considerar la disponibilidad de información para diseñar intervenciones específicas para estas poblaciones. La evolución de las estadísticas laborales y ocupacionales proporcionadas por la OIT es un ejemplo valioso de cómo visibilizar la realidad laboral de diversos grupos. Desde hace años, las actividades de prestación de servicios para uso propio (trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidado) quedaban excluidas de las estadísticas nacionales de trabajo por razones centradas en la dificultad de su medición; sin embargo, desde 2013, el trabajo de prestación de servicios para uso propio se ha incluido en el ámbito de medición como parte de un concepto estadístico amplio de “trabajo”; y en la década actual, la medición del trabajo doméstico no remunerado se ha consolidado como una parte importante de las estadísticas de género. La OIT y el Banco Mundial, entre otros, continúan promoviendo y refinando las metodologías para captar mejor el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.