Impacto económico y social del Fenómeno El Niño 2026 2027 y agenda de decisiones subnacionales
Para una autoridad regional o municipal, el Fenómeno El Niño (FEN) no es una noticia que llega con el agua, ni con su ausencia: es una prueba de gestión que se prepara o se descuida mucho antes. Cuando una quebrada se desborda, no solo se inundan las calles: se interrumpen ingresos, se pierden días de escuela, se paralizan servicios y el presupuesto cambia de rumbo. Esa es la línea que une la historia del FEN con las decisiones de hoy.
La amenaza no es nueva; la vulnerabilidad sí puede cambiar. El Perú, por su ubicación en el Pacífico oriental, está expuesto de forma recurrente al Fenómeno El Niño: entre 1960 y 2023 se registraron 21 episodios. Los eventos de 1982-1983, 1997-1998 y el Niño Costero 2017 mostraron que un solo fenómeno puede golpear a la vez la costa, el sur andino, la infraestructura, la producción y los ingresos familiares; en 2017, más de 1,7 millones de personas resultaron afectadas. Sin embargo, el desastre no es inevitable. La exposición se vuelve pérdida cuando el territorio crece sin control, el mantenimiento llega tarde y la prevención se posterga hasta que la emergencia ya está instalada.
Cuando llueve, el costo llega a los gobiernos subnacionales. El impacto económico del FEN va mucho más allá de una carretera destruida: una vía interrumpida encarece el comercio, una cosecha perdida reduce el ingreso familiar y un sistema de agua dañado compromete la salud. Para los gobiernos regionales y locales el golpe es doble, pues caen los ingresos por impuestos y arbitrios mientras se disparan los gastos de emergencia, rehabilitación y reconstrucción, lo que puede desplazar inversiones, IOARR y servicios prioritarios. A ello se suma el costo humano: las inundaciones favorecen la proliferación del zancudo Aedes aegypti, y el dengue pasó de unos 68 300 casos en 2017 a 256 600 en 2023 y 271 500 en 2024. El riesgo no termina cuando baja el agua.
La evidencia comparativa: el patrón se repite, la escala cambia. Las cifras permiten comparar magnitudes, pero también obligan a mirar lo que hay detrás de cada número: hogares que dejan de producir, comunidades aisladas y autoridades que deben escoger entre reparar lo urgente o sostener lo que ya estaba planificado.
Cuadro 1. Impacto comparado del FEN, el Niño Costero y el Ciclón Yaku
| Evento climático | Magnitud del evento | Pérdidas económicatotales (precios de época / constantes) | Impacto fiscal (% del PBI) | Población fallecida | Viviendas afectadas | Viviendas destruidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEN 1982-1983 | Extraordinaria | US$ 3 283 millones (a precios de 1998) | 11,6% (~12,0%) | 512 | 111 000 | 98 000 |
| FEN 1997-1998 | Extraordinaria | US$ 3 500 millones (a precios de 1998) | 6,2% | 366 | 108 000 | 42 342 |
| FEN Costero 2017 | Moderada | US$ 4 016 millones (valor nominal 2017) | N.D. | 169 | 377 798 | 65 942 |
| Ciclón Yaku / FEN 2023-2024 | Fuerte | US$ 702 millones (valor nominal 2023) | N.D. | 44 | 223 945 | 43 037 |
Nota: Las cifras de pérdidas para los FEN 1982-1983 y 1997-1998 están expresadas en dólares constantes de 1998 según el Cuadro N.° 04 de la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres. Fuentes: INDECI, ENFEN, BCRP y MEF.
La comparación deja una constante incómoda: aunque cambie la magnitud del evento, la población y la infraestructura pública siguen absorbiendo el golpe. En 2017, las pérdidas directas rondaron los USD 4,000 millones, la economía perdió 1,2 puntos de crecimiento y más de 700,000 trabajadores vulnerables quedaron en riesgo de caer en la pobreza. El Estado movilizó unos USD 3,135 millones, y el plan de Reconstrucción con Cambios previó USD 6,400 millones.
La lección de 2017: la emergencia empieza antes de la emergencia. El Niño Costero 2017 demostró que los daños no son abstractos: se concentran en barrios, centros poblados, mercados, escuelas, establecimientos de salud y actividades productivas concretas. Cada punto crítico que no se identifica a tiempo termina siendo una factura más alta y una explicación más difícil ante la ciudadanía. Responder bien, además, exige capacidades construidas antes de la emergencia: información territorial, planes de contingencia, equipos técnicos, coordinación entre niveles de gobierno, sistemas de alerta y mecanismos financieros listos para activarse. Por eso, la prevención no es un capítulo aparte de la gestión municipal, sino la forma de proteger la continuidad de los servicios y de la inversión pública.
2026-2027: una ventana de decisión, no una fecha en el calendario. Según el Comunicado Oficial N.° 15-2026 del ENFEN, el evento podría persistir hasta el verano de 2027 y alcanzar magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027, lo que convierte los próximos meses en una ventana concreta de decisión para las regiones expuestas a lluvias, inundaciones y huaicos. El Gobierno ha comunicado recursos como S/ 2,500 millones para el FEN en 2026, S/ 2,489 millones en el proyecto de Presupuesto 2027, S/ 3,065 millones para el PP 0068 y S/ 581 millones en un crédito suplementario de S/ 8,228 millones. Estos montos no son sumables, pues tienen alcances y estados presupuestales distintos. Para las autoridades subnacionales, el desafío es qué puede ejecutarse, con qué expediente y antes de la lluvia.
La pregunta ya no es si el territorio está expuesto. La pregunta es qué decisión concreta se tomará antes de que el riesgo se convierta en daño. Estas son las decisiones que no admiten más espera:
- Poner límites al uso del suelo. Fortalecer el ordenamiento territorial y fiscalizar fajas marginales, quebradas y zonas de inundación.
- Proteger los servicios críticos. Identificar aquellos cuya interrupción cuesta más a la población (agua, saneamiento, salud, educación, conectividad y abastecimiento) y asegurar su continuidad antes de la emergencia.
- Invertir con datos, no con presión. Los escenarios de riesgo, los mapas de puntos críticos y los registros de población expuesta deben ordenar las inversiones e IOARR; la visibilidad política no puede decidir dónde se gasta.
- Ejecutar el trabajo preventivo a tiempo. Limpieza y descolmatación de cauces, mantenimiento de defensas ribereñas, revisión de drenajes, accesos y rutas de evacuación: antes de que llegue la lluvia.
- Estar listos para responder. Actualizar los planes de contingencia, fortalecer los COE, prever bienes de ayuda humanitaria y mejorar la evaluación de daños y necesidades.
- Asegurar el financiamiento. Programar y ejecutar los recursos disponibles, evaluar el acceso al FONDES y revisar mecanismos complementarios de protección financiera conforme a la normativa vigente.
Gobernar también es anticiparse. Ninguna autoridad controla cuándo llegará la lluvia, pero sí decide si encuentra un cauce limpio o bloqueado, una comunidad informada o sorprendida, un servicio protegido o expuesto. El FEN pondrá a prueba la capacidad de convertir información en decisiones. La prevención no deja una foto de inauguración; deja algo más valioso: que la vida cotidiana continúe.