La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la pobreza monetaria en el Perú confirma la crisis actual del país. Lo más llamativo: en el 2023, la pobreza llegó al 29%. En otras palabras, uno de cada tres peruanos es pobre. A ello se suma que la pobreza extrema haya alcanzado el 5,7%, el peor resultado desde el 2012, y que haya crecido por segundo año consecutivo, algo que no sucedía en más de dos décadas.
En toda la segunda mitad del informe, el INEI evalúa la “pobreza multidimensional”, aquella que entiende que ser pobre no comprende solamente la falta de bienes o servicios para el bienestar material, sino también la oportunidad de vivir una vida digna. Sus indicadores se ubican en diversas dimensiones: salud, educación, vivienda, seguridad, conectividad, entre otros.
Preocupa gravemente la dimensión educativa, en la que encontramos la mayor cantidad de indicadores de pobreza y en la que vemos que existe una correlación directa: una de las características de la población en condición de pobreza es que tienen un menor nivel educativo. Asimismo, presentan un menor promedio de años de estudios alcanzados, una menor asistencia escolar y un mayor grado de analfabetismo. Es evidente que un buen nivel educativo reduce la probabilidad de caer en la pobreza.
Ahora bien, ¿cómo podemos explicar este retroceso? El problema, por supuesto, es multicausal y buena parte de este se debe a una parálisis en las inversiones privadas, aquellas que dinamizaban ámbitos como la minería, la irrigación o la infraestructura y que generaban millones de puestos de trabajos para personas que hoy no encuentran la manera de llevar un pan a la mesa.
Si bien la crisis actual del Perú viene siendo acrecentada por años de inestabilidad política, una pandemia y una recesión global, no podemos dejar que aquello se traduzca en una desaceleración económica. Debemos impulsar y destrabar la inversión privada a como dé lugar, con incentivos y nuevos marcos legales que hagan atractivo y confiable al Perú. En ese sentido, debemos fomentar el uso de mecanismos de inversión como el de obras por impuestos (OxI) o el de las asociaciones público-privadas (APP), gracias a los que se pueden financiar y ejecutar proyectos vinculados al desarrollo de infraestructura educativa y también servicios, de tal manera que se mejore el acceso y la calidad de la educación. Asimismo, se deben aprovechar más los contratos de gobierno a gobierno (G2G), que permitan la estructuración de un Project Management Office (PMO) que asegure una mayor agilidad en los procesos en el Estado Peruano.
Sabemos que en el período 2004-2013, cuando la inversión privada tuvo un crecimiento cercano al 14% anual, la tasa de pobreza se redujo en promedio cuatro puntos porcentuales cada año. Volvamos a enrumbar ese crecimiento económico.