La meritocracia en el sistema de educación es un principio implementado por el bien de los estudiantes, fin principal de toda política educativa. A ellos se debe el trabajo realizado por gobiernos y organizaciones enfocados en mejorar la educación de nuestro país.
Actualmente, la carrera pública magisterial está diseñada para garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas y la idoneidad de sus autoridades y profesores. Estos últimos son aliados excepcionales que merecen un reconocimiento a su exigente labor, así como un sistema de evaluación meritocrático que asegure la igualdad de oportunidades. Vale decir que la evaluación docente es una valiosa fuente de información para identificar los aspectos a mejorar en los programas de formación de las escuelas superiores y las facultades de Educación.
En este panorama, el proyecto aprobado por el Congreso el pasado jueves 31 de agosto afecta el derecho de una educación de calidad de los estudiantes y disminuye la revalorización de la carrera docente y el sentido de justicia de cientos de miles de profesores que año a año se capacitan para ser evaluados. Por la Encuesta Nacional a Docentes 2021 sabemos que cerca del 90% de profesores participaron ese año en programas formativos del Minedu. Además, en la Prueba Nacional de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022, más de 315.000 profesores se acercaron a rendir la evaluación.
Si el Congreso no lo reconsidera y el Ejecutivo no detiene el proyecto, miles de docentes que no han sido evaluados o no han superado las pruebas podrán volver a las aulas. La historia se remonta a 1984, cuando se aprobó la Ley del Profesorado, una medida transitoria que creaba la figura del profesor interino: personas sin título pedagógico que temporalmente podían ejercer la docencia en colegios públicos. En los años siguientes, estos profesores tuvieron varias oportunidades para incorporarse debidamente a la carrera pública magisterial, hasta que, en el 2012, la Ley de Reforma Magisterial estableció un último plazo para la obtención del título, así como una evaluación excepcional en el 2014. De los 14.863 profesores interinos, solo 5.315 se inscribieron para la evaluación y, de estos, solo 546 lograron superarla. Desde entonces, el grupo retirado ha presionado para recuperar sus plazas apelando a argumentos que contravienen el principio de meritocracia y que no convencen a la ciudadanía, pues el 91% de peruanos coincide en que solo se debe nombrar a quienes hayan aprobado los exámenes correspondientes, según una reciente encuesta de Ipsos.
Es preciso repetirlo: una educación de calidad garantizará el futuro de nuestros estudiantes y la puesta en valor de la carrera docente, que sostendrán el desarrollo de nuestro país. Rechazar esta iniciativa es un deber urgente.