Por: María Mercedes Medina, Gerente de Cambio Climático, Amazonía y Recursos Hídricos de CARE PERÚ
En los últimos 40 años, hemos visto la caída estrepitosa de la salud del planeta. Nuestra biodiversidad y recursos se reducen: contamos con menos especies, menos agua, menos bosques y de manera inversamente proporcional, más océanos contaminados, más desigualdad y más pobreza. Los insistentes esfuerzos del sector ambientalista, que aún continúa trabajando para posicionar estas problemáticas como prioridades en la agenda mundial, no han sido ni serán suficientes para revertir aquellas decisiones que tomamos sin considerar las consecuencias en los ecosistemas. Esto nos obliga a tomar medidas que nos permitan rescatar el único lugar que tenemos para vivir, la tierra.
La Evaluación Global sobre la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió en el 2019 que un millón de especies están en peligro de extinción, más que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. Este reporte se suma a una innumerable cantidad de estudios que se vienen realizando y buscando infructuosamente crear conciencia sobre la crisis ambiental, llamar a la acción de los tomadores de decisión en todos los países y en instancias intergubernamentales, y sobre todo buscar la reacción de las personas.
El Perú, con 162 mil hectáreas de bosques primarios perdidos, aparece en el quinto lugar a nivel mundial y tercero en Latinoamérica en deforestación (Global Forest Watch, 2019). Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 91% de la deforestación en nuestro país se debe al cambio de uso de tierra para la agricultura y ganadería. Aunque la restauración aparezca en el radar como una de las soluciones idóneas para recuperar lo que perdimos de manera desmesurada, esta debe ser la última alternativa a implementar cuando todas las acciones de conservación han fallado. Muchas veces los ecosistemas han sido tan degradados que la restauración se vuelve no viable, más aún por los altos costos que implica revertir el daño y que el ecosistema restablezca sus atributos.
La erradicación de la pobreza comienza por garantizar la conservación de los ecosistemas que proveen los recursos y servicios necesarios para sustentar la economía, disminuir los riesgos y la vulnerabilidad frente al cambio climático y preservar la vida misma. “Los efectos de la degradación de la naturaleza no se limitan al medio ambiente”, dijo António Guterres en una cumbre sobre biodiversidad auspiciada por la ONU. Una de las consecuencias del desequilibrio de la naturaleza es el brote de enfermedades como la COVID-19. El 75% de las infecciones más recientes pasaron de animales a humanos, lo que demuestra la inseparable relación entre la salud del planeta y la nuestra (Naciones Unidas, 2020).
Abordar la crisis climática a través de los vínculos entre género, clima y seguridad es también una prioridad. Las mujeres en comunidades forestales obtienen la mitad de sus ingresos de los bosques, por lo que su involucramiento activo las convierte en actores claves en los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático (Banco Mundial, 2013).
Si de algo podemos tener la certeza es que no existe un “plan b”. El Día de la tierra nos invita a hacer una reflexión colectiva: necesitamos replantear el modelo de manejo de los ecosistemas, garantizar su protección, revertir la balanza de la explotación por una inversión extraordinaria en la restauración de los ecosistemas y promover una educación basada en la construcción de una conciencia social más empática con el medio ambiente. Solo así podremos extender nuestro tiempo como especie en el planeta.